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No tengo nada en contra de las universidades públicas. Las considero baluartes de nuestra democracia y garantes del derecho constitucional a la educación. Fueron mi primera opción recién saliendo del colegio, más al no darse la posibilidad, me incliné por una privada, de lo cual no me arrepiento, pues en este país las hay varias y muy buenas, con las excepciones de garaje ya conocidas. Yo soy de la opinión que la calidad del profesional no depende tanto de la universidad donde se matriculó sino de la actitud y la disciplina del matriculado.

Las U públicas las respeto, así como respeto a los buenos profesionales que salen de ellas. Es indudable el prestigio del que gozan en el mercado de algunas especialidades. Lo difícil es lograr el cometido de graduarse. Porque cuando no están en generales o cursos de nivelación previos a ingresar por fin a la carrera, están de vacaciones, en huelga o marchando, como, por enésima vez, sucedió días atrás, cuando se lanzaron a las calles para protestar por eventuales recortes al presupuesto de la institución.

El punto no es que marchen, todos tenemos derecho a hacerlo, el problema es el trasfondo de la manifestación que, en ocasiones, arroja resultados positivos más por presión de una masa bulliciosa que por sensatez de las propuestas realizadas, las cuales, insisto deberían discutirse sobre la mesa y no sobre el asfalto. Pero en fin, esa es otra historia… Si bien la educación debería manejarse con pinzas, en virtud del impacto social del tema, tampoco podemos negar que, en medio de nuestra difícil situación económica, se necesita que todos aportemos a la causa, incluyendo las universidades públicas.

Es cierto que hay temas intocables como las becas y fondos de apoyo a la comunidad estudiantil, pero también somos conscientes que la mayoría de universidades, al igual que las demás entidades estatales, cuentan con una serie de gastos excesivos e injustificados, como pensiones, salarios, bonos y otros beneficios no admisibles en la precaria coyuntura actual. Apuesto que, haciendo un análisis exhaustivo, nos daríamos cuenta de que hay mucho de dónde recortar sin afectar el acceso a la educación superior ni a la calidad de los futuros profesionales. Y si hiciéramos el mismo ejercicio en todo el sector público, cuidado y no resolvemos el déficit fiscal de una buena vez. Aquí lo que no se vale es creerse intocable.

Así como a usted y a mí nos quieren recetar más impuestos y otros sacrificios fiscales, sin derecho al berreo ni a la manifestación de rigor, las autoridades universitarias y los estudiantes deben poner de su parte, como es probable que se lo exijan, asimismo, a las empresas, la Iglesia, a las sociedades, etc. Si no se toman medidas urgentes ahorita, no solo entrará en riesgo la sostenibilidad del fondo para becas sino que, más adelante, la perjudicada puede ser la institución misma y eso sí sería una tragedia. Recordemos en el 2012, cuando la UCR evitó el ingreso de la autoridad judicial aduciendo una supuesta autonomía universitaria. Ahora que no nos salgan con autonomía presupuestaria. Si la faja va apretar, que sea parejo para todos.

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